El Ayuntamiento de Bilbao activó en 2007 un plan para ofertar a los jóvenes una respuesta a sus necesidades, demandas e intereses en materia de ocio. Llegaba meses después de que la anterior corporación acordara enviar información sobre el uso de lonjas como alternativa a los 'botellones' a un colectivo formado por casi 33.000 vecinos de entre 15 y 24 años. La campaña, que no llegó a realizarse, pretendía poner en orden los denominados 'nuevos txokos' ante las molestias que en ocasiones causan a los vecinos.
Controlar estas actividades es complicado. El Consistorio tramitó en 2008 una veintena de expedientes relacionados con la utilización de lonjas por grupos de jóvenes. La mitad de las denuncias son consecuencia del exceso de ruido que se generaba en su interior, sobre todo los fines de semana. Las quejas transmitidas por vecinos llevaron al área municipal de Urbanismo y Medio Ambiente a cerrar nueve bajos. El resto de los expedientes incoados están relacionados con la falta de licencias para su ocupación.
El Ayuntamiento admite desconocer tanto el número como la situación legal de las instalaciones que los jóvenes utilizan como lugares de ocio en Bilbao. «Normalmente, se trata de locales que se concentran en el extrarradio y fuera de zonas comerciales. Si no hay ruido o denuncias de los vecinos, es prácticamente imposible conocer su existencia», afirma Enrique Rincón, subdirector de Medio Ambiente.
En junio de 2006, el grupo municipal socialista planteó al Consistorio la necesidad de regular la actividad de estas lonjas, por lo general ocupadas en régimen de alquiler. Casi tres años después, su portavoz, Txema Oleaga, reconoce que se trata de un tema «complicado de gestionar», aunque reclama una solución a los responsables municipales.
El portavoz socialista destaca que para regularizar la situación «sería necesario poner de acuerdo a muchas personas y cuando hay que tomar medidas que puedan resultar difíciles de explicar el Ayuntamiento no quiere arriesgar. En éste y en temas parecidos, que resultan un tanto complejos, el equipo de gobierno no quiere hincar el diente», critica.
Regular la situación de estas instalaciones resulta, sin embargo, una tarea muy complicada para la Administración y un fuerte desembolso para los bolsillos de unos jóvenes, en su mayoría estudiantes con escasos recursos económicos que apenas alcanzan para pagar el alquiler, entre 350 y 400 euros por término medio. El Ayuntamiento exige una serie de requisitos como insonorizar el local y adoptar medidas de seguridad e higiénico-sanitarias que resultan difíciles de cumplir para sus bolsillos. «Cuando los chavales vienen a ventanilla y se les explica lo que tienen que hacer, normalmente no regresan», dice Enrique Rincón. «Nosotros tenemos encima la presión del vecino, que es el que presenta la denuncia».
Convenios de colaboración
Ayuntamientos de otros municipios vascos han optado por firmar un convenio de colaboración con los jóvenes. Portugalete, por citar uno, hace años que creó un marco de convivencia para evitar, precisamente, conflictos con los vecinos. Durante los últimos cuatro años, 800 chavales han ocupado 80 recintos con el consentimiento municipal. Una treintena de ellos se mantienen abiertos en la actualidad. Con este acuerdo, las cuadrillas se comprometen, como contrapartida, a cumplir unas normas de higiene, seguridad y convivencia .
«El convenio es una fórmula para funcionar, pero no te concede inmunidad», explica el subdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao. «El problema siempre es el mismo, el ruido y conseguir conciliar la actividad del local con los vecinos», insiste. «Aunque tengas licencia y un convenio con el Ayuntamiento, si existe una denuncia nosotros tenemos que actuar, aunque seamos bastante laxos en este sentido. Lo que pedimos como mínimo es que se controle el ruido».
Jon Sustaxa, concejal del área de Empleo, Juventud y Deporte de Bilbao, asegura que articular una normativa que regule estos locales «es complicado». Al igual que sucede en Portugalete, el edil de Ezker Batua apuesta por implicar a estos jóvenes «en el desarrollo de actividades conjuntas». El Partido Popular, por su parte, incide en que el Ayuntamiento no puede quedarse al margen. «Entendemos que debe de existir un tipo de regulación y adaptación a una realidad social que va muy por delante del Consistorio», censura el concejal Carlos García. «No se puede mirar a otro lado ni tratar a todos con el mismo rasero»
JON MAYORA, EL CORREO, 1-03-2009
